andalucia

En una medida que ha sorprendido a todos los agentes económicos, la Junta de Andalucía ha lanzado un proyecto destinado a ofrecer soluciones a las familias que se encuentran ante el drama de un desahucio. Sin embargo lo que más sorpresa ha causado son las medidas que la Junta ha decidido en ese decreto y en la que destaca la posibilidad de expropiarse viviendas por tal de que no acaben en manos de los bancos.

La expropiación temporal

Es la mayor novedad de este decreto. Por el decreto la Junta se concede el derecho a poder expropiar cualquier propiedad de una familia que vaya a ser desahuciada. Esa familia debe tener ciertos requisitos como estar en un grave riesgo de exclusión social y no superar ciertos niveles de ingresos. Además la vivienda debe ser propiedad de una entidad financiera, banco, caja o similar.

La expropiación se extiende durante tres años en los que la Junta se adjudica la propiedad temporal de la vivienda. A preguntas de los periodistas durante la presentación del decreto, la consejera de la Junta afirmaba que, en caso necesario, ese plazo podía ampliarse si fuera necesario aunque mantenía la esperanza de “que para entonces haya un gobierno capaz de luchar realmente contra los desahucios”.

Durante ese periodo de expropiación el residente queda obligado al pago de un justiprecio, similar a un alquiler, equivalente a un máximo del 25% de los ingresos de la unidad familiar, aunque el citado justiprecio será marcado por la Junta.

Contra las viviendas vacías

Además de la expropiación temporal, la Junta persigue aumentar el parque de viviendas, tanto en compra como en alquiler. Para ello se plantea la obligación a los propietarios de colocar sus viviendas en el mercado bajo sanciones que pueden llegar a los 9.000 euros. Esta medida se dirige a los propietarios jurídicos y afecta directamente a las viviendas procedentes de desahucios bancarios, así como al amplio parque de viviendas que actualmente los bancos han recibido de promotores y constructoras.

En paralelo a esta medida se va a proceder a la creación de un registro de viviendas deshabitadas que además de servir para controlar y proceder con las diferentes sanciones, también sirva para conocer cuál es la importancia de las viviendas vacías en la región. Según la Junta de Andalucía, ese stock de viviendas ronda desde las 700.000 viviendas hasta cerca del millón.

Otras medidas

Además de estas dos medidas, el decreto contempla ofrecer más ayudas a los propietarios para que pongan sus viviendas en el mercado, enfocadas en este caso a los clientes particulares que tienen ciertas reservas a la hora de poner sus viviendas en el mercado. Para ellos se dispone de ayudar a la puesta en el mercado y también la posibilidad de obtener seguros de daños para la propiedad en condiciones especial.es

En paralelo el decreto también plantea crear una autentica bolsa de alquileres en condiciones especiales, de manera que aquellos colectivos con mayores dificultades en poder acceder a una vivienda tengan la posibilidad de acceder a la misma a precios socialmente razonables.

Las reacciones

Las reacciones al decreto no se han hecho esperar. La banca ya ha planteado serias dudas respecto de la legalidad de una medida que en razón de una presunta “utilidad social” plantea un uso para la vivienda como derecho y no como un bien cualquiera.

Por otra parte desde Bruselas no han tardado en alzarse las voces que afirman que el decreto no tiene todo los visos de legalidad que debería tener y adicionalmente plantea los problemas que para la economía española puede tener el decreto. Este decreto, según la  Comisión, viene a crear una notable incertidumbre en las entidades financieras, que se van a ver forzadas a endurecer aún más las condiciones de los préstamos que actualmente conceden, por no hablar del efecto negativo que puede tener sobre la inversión extranjera que busque invertir en el sector inmobiliario.

Finalmente desde el gobierno se ha ido más lejos de las palabras, con la presentación de un recurso contra la norma andaluza ante el Tribunal Constitucional, por entender que se otorga funciones que no le corresponden y que además pueden afectar gravemente a la seguridad jurídica del mercado inmobiliario. Fuentes gubernamentales afirman que no deberían pasar más de seis meses hasta que el decreto y todas sus medidas sean anulados.

Como siempre el tiempo dará y quitará razones.

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